El presidente Gustavo Petro ordenó el despido de los funcionarios responsables de la fiesta en Nicaragua a la que asistió el prófugo Carlos Ramón González

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la destitución inmediata de los funcionarios responsables de organizar un evento cultural en Nicaragua, el cual desató un escándalo político por la asistencia del exdirector del DAPRE y prófugo de la justicia, Carlos Ramón González.

Una “Noche vallenata colombiana”, celebrada el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío en Managua, se convirtió en el epicentro de una controversia que escaló hasta el nivel presidencial. El evento, que se confirmó fue organizado por la Embajada de Colombia en Nicaragua, generó un escándalo tras la difusión de videos que confirmaron la presencia de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del DAPRE, quien se encuentra prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el caso de corrupción de la UNGRD y cuenta con asilo político en el país centroamericano. En respuesta, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como inaceptable y ordenó la salida inmediata de sus cargos de todos los funcionarios responsables de la organización de la fiesta. Adicionalmente, el mandatario confirmó que Colombia no tiene embajador en Nicaragua en medio de la polémica, lo que agudizó las preguntas sobre la gestión diplomática en dicho país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido por Laura Sarabia, se desmarcó del evento, aclarando que no avaló ni autorizó los recursos solicitados por Óscar Muñoz, encargado de Negocios en la embajada. Según la Cancillería, la petición de Muñoz para una cofinanciación fue negada por falta de claridad y porque los fondos diplomáticos no están destinados a patrocinar este tipo de actividades. La Embajada, por su parte, había comunicado inicialmente que su participación se limitó a difundir el evento, de carácter público, y que no tenía autoridad para impedir el ingreso de González al teatro, dado su estatus de asilado. La controversia se agudizó al revelarse que Muñoz también habría solicitado al gobierno de Daniel Ortega la renovación de la residencia de González, una gestión que la Cancillería calificó como no autorizada. Ante la situación, la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Cancillería anunciaron investigaciones para determinar las responsabilidades de los diplomáticos y si hubo favorecimiento hacia el prófugo. Aún es un misterio quién dio la orden a Muñoz para realizar estas gestiones.