Campesinos en Cauca protestan contra el glifosato mientras otras regiones muestran avances en servicios básicos

Mientras las comunidades rurales del sur del Cauca se movilizan masivamente contra la fumigación con glifosato, en otras regiones del país como La Guajira y zonas indígenas del mismo Cauca se reportan avances significativos en infraestructura y servicios básicos, reflejando los contrastes del desarrollo territorial en Colombia.

Cerca de 7.000 campesinos de municipios del sur del Cauca, como El Patía, Argelia, El Tambo y Balboa, se movilizaron en El Bordo para rechazar el reinicio de las fumigaciones con glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito. La protesta, liderada por la Asociación Campesina Agroambiental de la Cordillera del Patía (Agropatía), exige al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria.

Los manifestantes argumentan que el glifosato atenta contra sus vidas, contamina las fuentes hídricas y destruye el medio ambiente.

Sostienen que los cultivos de coca han sido su única alternativa económica ante el abandono estatal, pero reiteran su disposición a transitar hacia una economía legal si se garantizan propuestas serias y concertadas que incluyan acceso a tierras y acompañamiento técnico.

En contraste con este conflicto, en otras zonas del mismo departamento del Cauca se registran avances en infraestructura. La Corporación Nasa Kiwe, adscrita al Ministerio del Interior, entregó el 29 de enero de 2026 obras comunitarias en los municipios de Silvia, Inzá y Páez. Estas iniciativas, dirigidas a territorios indígenas como los resguardos de Pitayó y Vitoncó-Centro, incluyen la construcción de placas huella en vías rurales para mejorar la movilidad y el acceso a servicios, así como la instalación de baterías sanitarias para dignificar las condiciones de vivienda y salubridad. Las comunidades beneficiarias celebraron estas entregas como un paso hacia la superación de brechas históricas. Simultáneamente, en el departamento de La Guajira, la empresa ESEPGUA celebra cuatro años de gestión que han transformado el acceso al agua potable. Creada para superar una crisis institucional y humanitaria, la entidad ha ejecutado 63 proyectos que beneficiaron a 318.000 habitantes, generando más de 5.000 empleos. Entre sus logros se destaca el aumento de la cobertura rural de agua del 2 % al 35 %, la recuperación de 13 obras abandonadas y la mejora en la calidad del agua en seis municipios. Para el futuro, ESEPGUA proyecta la implementación de tecnologías de desalinización y la reactivación de la represa del Ranchería.