Reforma a la Ley 30: Un Nuevo Horizonte Financiero para la Educación Superior Pública en Colombia

El Congreso de la República aprobó una trascendental reforma a la Ley 30 de 1992, con la que se transforma el modelo de financiación de las universidades públicas para combatir un déficit histórico y garantizar su sostenibilidad a futuro.

Tras su aprobación en el último debate en la Cámara de Representantes, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 se consolidó como un hito para la educación superior pública en Colombia. La iniciativa, que ahora espera la sanción presidencial para convertirse en ley, modifica el esquema de financiación que por más de tres décadas generó un desfinanciamiento estructural en el Sistema Universitario Estatal (SUE), acumulando un déficit fiscal que supera los 17 billones de pesos. El principal cambio consiste en reemplazar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como base para el ajuste presupuestal anual. En su lugar, se adoptará el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador que refleja de manera más precisa los costos operativos reales de las instituciones. Históricamente, el ICES ha estado por encima del IPC, lo que en la práctica significará un mayor giro de recursos estatales. Por ejemplo, mientras en 2024 el IPC fue del 5,2 %, el ICES se ubicó en 8,4 %. Según la representante Jennifer Pedraza, autora del proyecto, las universidades gastaban como si fuera el año 2025, pero eran financiadas como si se estuviera en 1992.

Este logro fue calificado como una “reivindicación histórica” por Jairo Torres Oviedo, presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, quien destacó que es el resultado de más de una década de trabajo técnico y político de estudiantes, profesores y directivos. La reforma también contempla la creación de una base presupuestal para las instituciones técnicas y tecnológicas, que antes dependían de la voluntad política de asambleas o concejos, y plantea como meta a mediano plazo que la inversión en educación superior pública alcance el 1 % del PIB. Con estos nuevos recursos, se espera fortalecer la infraestructura, ampliar la cobertura, vincular más docentes y financiar compromisos académicos como el Decreto 1279.