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Controversia en la Supersalud: El nombramiento del exinterventor de la Nueva EPS enciende el debate sobre conflictos de interés

Bernardo Camacho Rodríguez ha sido posesionado como el nuevo Superintendente Nacional de Salud, un nombramiento que genera controversia debido a su reciente rol como agente interventor de la Nueva EPS, la entidad con más usuarios del país.
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El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, posesionó el 28 de octubre a Bernardo Armando Camacho Rodríguez como nuevo Superintendente Nacional de Salud, en reemplazo de Giovanny Rubiano García, quien renunció al cargo. La designación se da en un momento crítico para el sistema de salud colombiano y ha generado un considerable debate. La principal controversia radica en el historial de Camacho, quien hasta agosto de 2025 se desempeñó como agente interventor de la Nueva EPS, la aseguradora más grande del país. Su nombramiento ha despertado inquietudes sobre un posible conflicto de interés, ya que ahora deberá ejercer vigilancia sobre la entidad que administró recientemente. Miembros de la oposición, como el representante Andrés Forero, criticaron la designación, cuestionando cómo un "pésimo interventor podría ser buen superintendente" y advirtiendo que Camacho podría tener que declararse impedido en decisiones relacionadas con dicha EPS. El contexto de la Nueva EPS es complejo. La Contraloría denunció irregularidades billonarias en la entidad entre 2022 y mediados de 2025, y recientemente la propia Superintendencia de Salud le ordenó nuevas medidas por no estandarizar procesos ni activar auditorías. Además, la sucesora de Camacho como interventora, Gloria Libia Polanía, enfrenta una orden de arresto por desacato a un fallo de tutela. El nombramiento de Camacho fue precedido por un breve encargo de cinco días al viceministro Luis Alberto Martínez, lo que sugiere tensiones internas sobre la decisión. El Ministerio de Salud ha defendido la elección de Camacho, destacando su experiencia como médico en gestión pública y en el fortalecimiento de instituciones. Sin embargo, su gestión será clave en una coyuntura marcada por la existencia de ocho EPS bajo intervención estatal, presiones por falta de recursos y el debate estancado de la reforma a la salud en el Congreso, que debe ser aprobada antes del 20 de junio de 2026 para no ser archivada.

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