La Contraloría advierte sobre riesgos fiscales e irregularidades en las políticas de reforma agraria y crédito rural del Gobierno

Las políticas de desarrollo rural y agrario en Colombia se encuentran en un punto crítico, donde los avances en la entrega de tierras y la creación de nuevas leyes de financiamiento contrastan con las graves alertas de la Contraloría General sobre riesgos fiscales y presuntas irregularidades en su implementación.

El Gobierno Nacional avanza en su agenda de Reforma Agraria con la adjudicación de tierras a campesinos, comunidades indígenas y víctimas del conflicto, complementando estas acciones con el fortalecimiento de créditos rurales y asistencia técnica para asegurar la sostenibilidad de los proyectos productivos. En el ámbito legislativo, se destaca la aprobación de la Ley de Financiamiento Agropecuario, impulsada por el representante Nicolás Barguil, que busca facilitar el acceso a créditos blandos, incentivos y tecnología para los agricultores a través de Finagro. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha emitido serias advertencias sobre estas políticas. El organismo de control calificó la Resolución 10 de 2025 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) como «jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa». Según la entidad, la norma se expidió sin los estudios técnicos completos que la justificaran, omitiendo el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que genera incertidumbre regulatoria y podría comprometer recursos públicos y afectar la estabilidad de entidades como Finagro. Adicionalmente, la Contraloría determinó hallazgos fiscales por 16.382 millones de pesos en la compra del predio Hacienda Simba en Sucre por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). La entidad desembolsó el 60 % del valor total, pero 18 meses después no ha recibido la escrituración del bien. La auditoría también reveló que, aunque la compra se justificó para beneficiar a comunidades campesinas, cerca del 60 % del predio fue entregado provisionalmente a comunidades indígenas sin un acto administrativo que lo respaldara, lo que sugiere una posible desviación de recursos. Estas alertas del órgano de control evidencian los desafíos en la ejecución de la política rural, pues mientras se busca reducir la desigualdad histórica, se presentan riesgos de pérdida de recursos públicos, fallas en la planeación normativa y presuntas irregularidades en la adquisición de tierras, comprometiendo la transparencia y eficacia de la reforma.