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Operativos contra minería ilegal y debates sobre prohibición extractiva marcan la agenda ambiental

Autoridades colombianas intensifican la lucha contra la minería ilegal con operativos en zonas protegidas de Antioquia, mientras el Gobierno Nacional impulsa una ambiciosa propuesta para prohibir toda actividad extractiva en el Bioma Amazónico, generando un intenso debate con la industria energética.
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En el municipio de San Carlos, Antioquia, un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía y Cornare suspendió actividades de extracción ilegal de oro a cielo abierto. La intervención se llevó a cabo en el área protegida Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Las Camelias, donde se desarrollaba minería sin licencia ambiental, afectando la quebrada Santa Bárbara, afluente del río Calderas.

Las autoridades evidenciaron desviación de cauces, sedimentación y tala de árboles nativos. Como resultado, diez personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, y se destruyó maquinaria avaluada en aproximadamente 635 millones de pesos. Según Cornare, la zona ya estaba bajo seguimiento por presencia de mercurio en el agua. Paralelamente, a nivel nacional, el Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en una propuesta para declarar todo el Bioma Amazónico colombiano como Reserva de Recursos Naturales Renovables. Esta medida, contenida en un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente, prohibiría de manera definitiva la exploración y explotación de hidrocarburos y la minería en más del 43 % del territorio nacional. La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, defendió la iniciativa como una “convicción ética y política” para detener las fronteras extractivas y cumplir con los compromisos climáticos del país, buscando superar la dependencia del extractivismo. La propuesta ha generado una fuerte reacción de la industria. La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo (Acggp) argumenta que la medida se basa en diagnósticos incompletos, atribuyendo erróneamente la degradación amazónica a la actividad formal en lugar de a economías ilícitas como el acaparamiento de tierras y la minería ilegal. El gremio sostiene que una prohibición general podría fomentar la informalidad y que una decisión de tal magnitud debería debatirse en el Congreso. Una fuente anónima del sector energético añadió que ya existen marcos técnicos que definen zonas de exclusión y que la propuesta parece más “ideológica que técnica”, poniendo en riesgo la soberanía energética del país.

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