Recrudecimiento de la violencia en Arauca

El departamento de Arauca enfrenta una grave escalada de violencia, con un alarmante aumento de asesinatos en los últimos días que ha provocado la reacción de la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos.

La situación de orden público en el departamento de Arauca se ha deteriorado significativamente, con el reporte de ocho asesinatos en un lapso de cuatro días. Según la Defensoría del Pueblo, con estos hechos la cifra de homicidios en lo corrido de 2025 asciende a 84, de los cuales 12 se registraron en septiembre. Por su parte, la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra (FDHJS) reporta 65 asesinatos en el año, coincidiendo en la cifra de 12 víctimas en septiembre. La violencia se extiende por los siete municipios del departamento, con especial afectación en Tame, Arauquita y Saravena. Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana, advirtiendo que los crímenes responden a dinámicas del conflicto armado y a la presencia de grupos ilegales que desconocen el derecho internacional humanitario, poniendo en grave riesgo a la población civil. La entidad instó a las autoridades a aplicar con urgencia la Alerta Temprana 011 de 2023, que contiene cinco acciones clave para mitigar los riesgos estructurales en la región. Además, recordó al Estado su obligación de garantizar los derechos a la vida y la dignidad humana. La Fundación Joel Sierra calificó la situación como la continuación de un patrón de violencia sistemática contra comunidades y organizaciones que se presenta desde enero de 2022. La organización denunció también la estigmatización y señalamiento contra el tejido social y sus líderes, así como 64 casos de retenciones por parte de actores armados durante el año. La FDHJS subrayó que la impunidad en estos crímenes alcanza el 99 % y exigió a los órganos de justicia realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Ambas organizaciones hicieron un llamado a la acción. La Defensoría del Pueblo exhortó a los gobiernos nacional, departamental y local a fortalecer la articulación institucional y adoptar medidas inmediatas para frenar la violencia. La Fundación Joel Sierra, por su lado, exigió al Estado colombiano cumplir con su deber de proteger a los araucanos y demandó a los actores del conflicto regirse por las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y respetar la vida de la población civil.