Ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico deja más de 100 muertos y desvía rutas a la Amazonía

Una ofensiva militar sin precedentes de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe ha causado más de un centenar de muertes y está provocando un desplazamiento de las rutas ilícitas hacia la cuenca amazónica, generando una grave crisis humanitaria en la región.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) confirmó la muerte de cinco presuntos narcotraficantes en dos ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico Oriental el 18 de diciembre de 2025. Con estas víctimas, el número total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva militar en septiembre asciende a por lo menos 104 personas. Las operaciones, dirigidas por la Fuerza de Tarea Conjunta «Southern Spear» bajo órdenes del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, forman parte de una campaña para frenar el flujo de drogas y aumentar la presión sobre el gobierno de Venezuela, al que Washington califica como «narcoterrorista». La estrategia de la administración de Donald Trump ha sido objeto de fuertes críticas. Organismos de derechos humanos y diversos sectores internacionales han cuestionado la legalidad de estos ataques en aguas internacionales, calificándolos como posibles ejecuciones extrajudiciales al no existir capturas formales ni procesos judiciales. Incluso en el Congreso estadounidense, legisladores de ambos partidos han expresado dudas sobre la autoridad presidencial para ordenar estas acciones, aunque las iniciativas para limitarlas no han prosperado. Una de las consecuencias más graves de esta campaña de bombardeos marítimos ha sido el desvío de las rutas del narcotráfico hacia la cuenca amazónica. Los traficantes están utilizando cada vez más los corredores fluviales y terrestres que atraviesan territorios de Colombia, Venezuela y Brasil.

Este cambio ha exacerbado la presión sobre comunidades remotas y vulnerables, principalmente indígenas. La disputa por el control de estas nuevas rutas ha desatado una crisis humanitaria, especialmente en la región trifronteriza. Grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentan por el dominio de los corredores, generando violencia, desplazamientos y confinamiento forzado.

Se estima que al menos 15 comunidades, equivalentes a unas 3.000 familias, se encuentran atrapadas, sin poder cazar, pescar o acceder a sus cultivos.

Además, se denuncian extorsiones, reclutamiento de menores y una ausencia de respuesta por parte de las autoridades estatales, dejando a la población civil en una situación de indefensión.