La guerra en Ucrania se intensifica: ataques rusos y desafíos en el frente aliado



Una nueva ofensiva rusa con drones y misiles en la madrugada del 25 de octubre de 2025 ha dejado un saldo de al menos cuatro personas muertas y más de veinte heridas en varias regiones de Ucrania. El ataque, que combinó el uso de 62 drones y 9 misiles, impactó zonas residenciales e infraestructura crítica en ciudades como Kiev, Dnipropetrovsk, Kharkiv y Sumy, causando daños en viviendas y redes eléctricas justo cuando se acerca el invierno.
En respuesta, las autoridades ucranianas, incluyendo al presidente Volodymyr Zelenskyy y al ministro de Exteriores Andri Sibiga, reiteraron su llamado a la comunidad internacional para reforzar el apoyo militar. La principal solicitud se centra en la entrega de sistemas de defensa aérea avanzados, como los Patriot, y misiles de largo alcance, como los Tomahawk, para proteger a la población civil y las infraestructuras. Adicionalmente, Kiev exige la imposición de sanciones más severas contra Rusia, especialmente en el sector energético, para frenar lo que describen como “el terror ruso”. Por su parte, Moscú rechazó la posibilidad de un alto el fuego y afirmó haber derribado drones ucranianos en su territorio. El conflicto también sigue generando profundas consecuencias económicas a nivel global, como se evidencia en el sector de la aviación comercial. Desde el inicio de la guerra en 2022, la industria ha sufrido por el cierre de espacios aéreos, el aumento de los costos operativos y la retención por parte de Rusia de más de 400 aviones arrendados a compañías extranjeras, una medida que viola las normativas internacionales y ha generado pérdidas millonarias. Paralelamente, la estrategia de los aliados europeos de Ucrania enfrenta sus propias dificultades. En una reciente cumbre, los líderes de la Unión Europea no lograron respaldar un plan para utilizar los activos soberanos rusos congelados para financiar un préstamo de 140 mil millones de euros para Kiev. La propuesta fue bloqueada por Bélgica, país que alberga la mayoría de dichos activos en la entidad financiera Euroclear. El gobierno belga argumentó que asumiría un riesgo legal y financiero desproporcionado ante posibles represalias rusas y exigió que dicho riesgo fuera compartido por todos los estados miembros, una condición que no fue aceptada por otros países clave como Alemania y Francia, evidenciando fisuras en la unidad europea a la hora de asumir los costos directos del conflicto.












