Decreto fiscal en la mira: Gremios advierten que impuesto a pagos digitales frenaría la modernización económica de Colombia



El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que busca extender la retención en la fuente del 1,5 % sobre el impuesto de renta e IVA, actualmente aplicada a pagos con tarjetas de crédito y débito, a todas las transacciones electrónicas realizadas en comercios. La medida incluiría pagos a través de billeteras digitales como Nequi y Daviplata, transferencias, códigos QR y el nuevo sistema de pagos inmediatos, Bre-B. Ante la controversia, el Gobierno y la DIAN aclararon que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste para “equiparar el tratamiento tributario” entre distintos medios de pago. Aseguraron que la retención solo aplicaría a operaciones comerciales, afectando al comercio que recibe el pago y no al cliente, y que no se aplicaría a transferencias personales entre familiares o amigos.
A pesar de las aclaraciones, la propuesta ha sido criticada de forma casi unánime. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió que la medida podría incentivar el regreso al uso del efectivo, que no tiene ninguna retención, lo que aumentaría la informalidad y generaría un efecto contrario al recaudo esperado. Presidentes de bancos como Davivienda y Banco de Bogotá calificaron la iniciativa como una “pésima e inoportuna señal”, producto del “desespero fiscal del Gobierno”, que atenta contra los principios de gratuidad e inmediatez de sistemas nacientes como Bre-B. A estas voces se sumaron las de Fedesarrollo, cuyo director, Luis Fernando Mejía, la calificó como “una muy mala idea”, y las del exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, quienes coincidieron en que la medida desincentiva la adopción tecnológica. La principal preocupación se centra en el impacto sobre Bre-B, el sistema de pagos inmediatos lanzado en octubre por el Banco de la República como la gran apuesta del país para reducir el uso del efectivo. Gremios y expertos señalan que gravar las transacciones de una herramienta que apenas inicia su etapa de adopción podría frenar su masificación y “sepultar” una iniciativa estratégica para la modernización financiera de Colombia, revirtiendo los avances logrados en la última década en materia de digitalización e inclusión.
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