Sanciones de EE. UU. dejan en tierra al helicóptero presidencial: la inclusión de Petro en la Lista Clinton paraliza su mantenimiento



La empresa internacional Leonardo Helicopters notificó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) la suspensión temporal de todos los servicios de soporte y mantenimiento para el helicóptero presidencial, un AgustaWestland AW139 con matrícula FAC-0008. La decisión es una consecuencia directa de la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, comúnmente conocida como la Lista Clinton. En una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico de Catam, la compañía explicó que la medida es de carácter preventivo y busca garantizar el cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a transacciones internacionales que involucran a personas sancionadas. Leonardo Helicopters aseguró que la suspensión no debe interpretarse como un cambio en su compromiso con la FAC y afirmó que ya ha iniciado los trámites internos para solicitar la licencia correspondiente ante la OFAC que le permita reanudar las operaciones.
Mientras se obtiene dicha autorización, la aeronave permanecerá en tierra sin recibir mantenimiento técnico. Este incidente se suma a otras dificultades que ha enfrentado el presidente Petro debido a su inclusión en la lista.
Recientemente, el avión presidencial FAC 001 tuvo problemas para abastecerse de combustible durante una gira por Medio Oriente, una situación que el mandatario calificó como “una humillación” y que requirió la intervención del Gobierno español. El helicóptero afectado, adquirido durante la administración del expresidente Iván Duque por aproximadamente 12 millones de dólares, es uno de los principales medios de transporte del jefe de Estado para sus desplazamientos nacionales. En respuesta a estas repercusiones, la Cancillería colombiana, bajo la dirección de Rosa Villavicencio, envió una nota verbal al Gobierno de Estados Unidos solicitando una justificación para la inclusión del presidente y su familia en la lista de sancionados. En la comunicación diplomática, Colombia califica la medida como “bastante injusta” y pide que el mandatario sea retirado de la misma, argumentando que las restricciones afectan el ejercicio de sus funciones y limitan sus desplazamientos oficiales.








