
Destitución de Dina Boluarte por el Congreso de Perú



El jueves 9 de octubre de 2025, el Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte con 123 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, argumentando "incapacidad moral permanente". La decisión fue impulsada por la creciente crisis de inseguridad ciudadana, que tuvo como detonante un ataque armado contra la banda de cumbia Agua Marina durante un concierto en Lima. Boluarte, quien se negó a ejercer su defensa por considerar el procedimiento "inconstitucional", había llegado al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo. La vacancia fue posible gracias a un cambio de postura de las fuerzas políticas que inicialmente respaldaban a la mandataria.
Partidos conservadores y ultraconservadores como Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Podemos Perú se unieron a la oposición para promover su salida. La impopularidad de Boluarte, con una aprobación de apenas el 3 %, y las constantes movilizaciones sociales en su contra, debilitaron su posición y facilitaron la obtención de los 87 votos necesarios para la destitución. El expresidente Pedro Castillo, desde prisión, calificó de "hipócritas" a los parlamentarios que impulsaron la salida de quien fuera su vicepresidenta. Ante la ausencia de vicepresidentes, la sucesión constitucional recae en el presidente del Congreso, José Jerí Oré, quien asumirá la jefatura de Estado de manera interina.
Jerí, miembro del partido Somos Perú, tiene una trayectoria política marcada por investigaciones por presunto abuso sexual y corrupción.
Según la Constitución peruana, al no haber vicepresidentes, el titular del Legislativo asume el poder y, si faltan más de dos años para el fin del mandato, debe convocar a elecciones generales. La destitución de Boluarte agudiza la crisis de gobernabilidad en Perú, que ha visto a cinco presidentes removidos del cargo en menos de una década. Este hecho ocurre a solo seis meses de las elecciones generales de abril de 2026, lo que sugiere que la crisis también responde a maniobras políticas de congresistas que aspiran a la presidencia.
La inestabilidad crónica del país, alimentada por la corrupción y la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, refleja una profunda fragilidad democrática.
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