Fusión Tigo-Movistar: Una aprobación condicionada que redefine la competencia en telecomunicaciones

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha aprobado la integración de Tigo y Movistar, una decisión que reconfigura el mapa de las telecomunicaciones en Colombia bajo una serie de condiciones sin precedentes para mitigar los riesgos de concentración del mercado.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la fusión entre Tigo y Movistar, sujeta a estrictos condicionamientos. La superintendente, Cielo Rusinque, explicó que la decisión busca equilibrar los beneficios potenciales de la operación, como mejoras en cobertura y calidad, con los riesgos para la competencia. La SIC evaluó 19 mercados y concluyó que, sin estas medidas, la integración podría haber generado presiones tarifarias y limitaciones de acceso a redes para los operadores más pequeños. Tanto la SIC como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) identificaron riesgos significativos. El principal es la consolidación de un duopolio junto a Claro, donde ambas empresas controlarían más del 90 % del mercado móvil.

Esto podría facilitar la coordinación de estrategias comerciales para incrementar los precios al consumidor final. Otros riesgos advertidos incluyen el aumento de tarifas mayoristas para el Roaming Automático Nacional (RAN) y para los Operadores Móviles Virtuales (OMV), así como una alta concentración en el mercado de internet fijo en ciudades como Medellín y Barranquilla, donde la empresa fusionada podría alcanzar cuotas del 80 % al 90 %. Para contrarrestar estos peligros, la SIC impuso un conjunto de obligaciones.

La empresa integrada deberá ofrecer tarifas mayoristas con descuentos significativos a los OMV (entre 11 % y 46 %) y a WOM en el servicio de roaming nacional (entre 12,5 % y 25 %). Se prohíbe el desmantelamiento de infraestructura de red que afecte la cobertura y se exige mantener los planes comerciales actuales para sus usuarios. Además, deberán mantener núcleos de red separados y seguir protocolos de buen gobierno para evitar el intercambio de información sensible.

Estas medidas serán vigiladas mediante auditorías independientes por un periodo de cuatro años o hasta que la CRC emita una nueva regulación.

La decisión generó reacciones diversas. Tigo y Movistar la calificaron como una oportunidad para la inversión y la sostenibilidad del sector. En contraste, WOM, el opositor más férreo, la consideró un retroceso que acerca a Colombia a un duopolio, con efectos negativos sobre la competencia y los precios para los usuarios de menores ingresos. Por su parte, la CRC anunció que reforzará su labor de vigilancia y que avanza en tres proyectos regulatorios prioritarios para garantizar condiciones de competencia equitativas.