
Gestión de recursos en Colombia: entre obras hídricas y protección de suelos



En Colombia, la gestión del agua potable presenta un panorama de contrastes, con importantes avances en infraestructura y, a la vez, emergencias recurrentes que afectan a miles de ciudadanos. En Medellín, la reconstrucción de la planta de tratamiento de Aguas Frías, en el corregimiento de Altavista, ha alcanzado un 60 % de ejecución. Este proyecto, considerado de alta complejidad por la geografía del terreno, beneficiará a 1.536 habitantes que dependieron de carrotanques tras la ola invernal de abril y mayo. La obra incluye la construcción de un viaducto y 800 metros de tubería de polietileno para asegurar un suministro estable por gravedad desde la fuente La Guapanta. En la costa Caribe, el municipio de San Antero (Córdoba) se prepara para recibir agua potable las 24 horas del día gracias a la optimización de su planta de tratamiento, un proyecto de Aqualia para sostener la demanda turística. Esta inversión, que supera los 140 mil millones de pesos en el departamento, también abarca mejoras en Lorica, Ciénaga de Oro y Sahagún.
Sin embargo, las emergencias persisten.
En Santa Marta, las fuertes lluvias dañaron la planta de tratamiento ‘El Roble’, afectando el suministro en zonas turísticas como El Rodadero y Gaira. Para mitigar la crisis, el alcalde Carlos Pinedo gestionó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la entrega de dos carrotanques. Situaciones similares se presentan en Valledupar, donde Emdupar alertó sobre posibles suspensiones por la turbiedad del río Guatapurí, y en el sector de San Cristóbal en Medellín, donde EPM extendió un corte programado por mantenimiento que afecta a más de 6.000 usuarios, quienes también son abastecidos con carrotanques. Paralelamente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura, impulsa la protección de los suelos productivos con la figura de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Esta estrategia busca blindar las tierras de mayor vocación agrícola contra la expansión urbana desordenada y otros usos, asegurando la soberanía alimentaria. La ministra Martha Carvajalino aclaró que las APPA no expropian ni afectan la propiedad privada, se basan en estudios técnicos de la UPRA y no se establecen sobre zonas con actividad minera.
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