La Corte Constitucional de Colombia define en 2026 el futuro de la reforma pensional y la emergencia económica

La Corte Constitucional colombiana retoma sus labores en 2026 con una agenda cargada de decisiones cruciales para el país, incluyendo la revisión de la reforma pensional y el decreto de emergencia económica del Gobierno de Gustavo Petro.

La Corte Constitucional de Colombia reanuda sus labores en 2026 tras la vacancia judicial, enfrentando una agenda con expedientes de alto impacto nacional, varios de ellos vinculados a decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Las discusiones se centrarán en temas clave como la reforma pensional, el decreto de emergencia económica y el seguimiento al sistema de salud. Uno de los asuntos más complejos es la reforma pensional, cuyo análisis no concluyó en 2025 por errores de trámite y falta de consenso. La discusión se estancó tras un empate en la votación y la recusación del magistrado Héctor Carvajal por haber asesorado a Colpensiones. El futuro de la norma ahora depende de un conjuez, quien deberá destrabar la votación. A pesar de que la Corte devolvió el proyecto al Congreso para subsanar vicios de procedimiento, que según la oposición no fueron corregidos adecuadamente, el Gobierno ya implementó el pago de un bono pensional de $230.000 a casi tres millones de adultos mayores. Otro tema prioritario es el control de legalidad del decreto de emergencia económica emitido a finales de 2025. La Corte estudiará el Decreto 1474, con el cual el Ejecutivo busca recaudar $11,1 billones a través de medidas tributarias que incluyen ajustes al IVA, un impuesto a la riqueza y gravámenes al sector extractivo. Aunque el tribunal no lo revisó durante el receso, le dará atención inmediata al regresar a sus funciones.

Adicionalmente, la Corte continuará con el seguimiento al sistema de salud, que presenta incumplimientos estructurales a sentencias emitidas desde 2008, como la T-760. Esta situación ha generado enfrentamientos, como un incidente de desacato contra el ministro de Salud. La agenda del alto tribunal para 2026 también incluye demandas sobre la violencia sexual intrafuerzas como crimen de guerra y la revisión de la elección de magistrados.