Aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 genera alzas en diversos costos y un intenso debate económico

El histórico aumento del salario mínimo para 2026 en Colombia, cercano al 23,7 %, ha desatado una cadena de ajustes en precios y tarifas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos, al tiempo que enciende un profundo debate sobre sus beneficios sociales y sus posibles riesgos para la economía del país.

El Gobierno Nacional decretó un aumento del salario mínimo para 2026, fijándolo en $1.750.905, que sumado al auxilio de transporte de $249.095, alcanza un total de dos millones de pesos mensuales. Esta decisión, tomada de forma unilateral tras el fracaso del diálogo tripartito, ha generado un efecto dominó en diversos costos y servicios, así como reacciones encontradas entre gremios, sindicatos y analistas.

Entre los impactos directos se encuentra el reajuste salarial para las empleadas del servicio doméstico. El pago mínimo por día de trabajo se sitúa ahora alrededor de los $67.000, incluyendo el auxilio de transporte. Los empleadores deben garantizar, además, el pago proporcional de todas las prestaciones sociales y la afiliación a seguridad social, incluso para quienes laboran por días. En el ámbito pensional, el incremento beneficia únicamente a quienes reciben una mesada equivalente al salario mínimo, la cual se ajusta en el mismo porcentaje. Sin embargo, las pensiones superiores al mínimo solo se reajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, lo que crea una brecha significativa en los incrementos. Las tarifas de movilidad en Bogotá también subieron, ya que se basan en la Unidad de Valor Básico (UVB). Infracciones como estacionar en sitios prohibidos ahora cuestan $633.200, mientras que pasarse un semáforo en rojo asciende a $1.266.100.

Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol son las más severas, con valores que pueden superar los 60 millones de pesos. Por otro lado, es crucial destacar que el canon de arrendamiento de vivienda urbana no sube con el salario mínimo. Según la Ley 820 de 2003, su incremento anual está topado por el IPC del año anterior, que se proyecta entre 5,1 % y 5,8 % para 2025.

El alza ha polarizado la opinión pública. Sindicatos y el Gobierno la defienden como un acto de justicia social para recuperar el poder adquisitivo. En contraste, gremios empresariales como Fenalco y Camacol en el Huila, junto a economistas, advierten sobre riesgos de mayor inflación, encarecimiento de la vivienda (hasta en un 15 %), pérdida de empleo formal y dificultades para las micro, pequeñas y medianas empresas. El debate se nutre de experiencias internacionales de países como Brasil, México y España, que han mostrado resultados mixtos ante aumentos salariales de gran magnitud.