Gobierno propone alza en tarifas de energía para cubrir deudas del sector mientras persisten problemas de servicio

El sector eléctrico colombiano enfrenta una encrucijada, marcada por la propuesta del Gobierno de aumentar las tarifas para todos los usuarios con el fin de saldar deudas millonarias de empresas intervenidas, mientras en diversas regiones del país persisten graves problemas de calidad en el servicio y se adelantan esfuerzos para expandir la cobertura.

El Ministerio de Minas y Energía ha presentado un borrador de resolución que plantea un aumento en las tarifas de energía para todos los usuarios del país, tanto residenciales como empresariales, a partir de 2026. La medida busca recaudar entre 2 y 2,5 billones de pesos para cubrir la deuda de empresas intervenidas por el Estado, principalmente Air-e, que opera en la región Caribe. Según la propuesta, se aplicaría un recargo de 8 pesos por kilovatio-hora, lo que podría representar un incremento mensual de aproximadamente 1.200 pesos para una familia promedio y hasta 40 millones de pesos para grandes empresas. El Gobierno justifica la medida como una acción urgente para evitar el riesgo de insolvencia de estas compañías y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Esta iniciativa surge en un contexto de serias deficiencias en la prestación del servicio en varias zonas. En el municipio de Rivera, Huila, comerciantes y habitantes del sector Bajo Pedregal denuncian pérdidas económicas de hasta el 70 % debido a los constantes apagones. Los afectados critican la mala calidad del suministro por parte de la Electrificadora del Huila, a pesar de los altos costos de las facturas, y exigen soluciones estructurales como el cambio del cableado obsoleto.

La administración municipal ha iniciado gestiones para mediar en la situación.

Paralelamente, persisten otros desafíos como las conexiones ilegales.

En La Apartada, Córdoba, la empresa Afinia desconectó el asentamiento informal La Aurora, donde 800 familias estaban conectadas de manera irregular, representando un riesgo para la seguridad y generando pérdidas mensuales de más de 96 millones de pesos. En contraste, la Gobernación de Córdoba destinó la totalidad de su presupuesto de Minas y Energía de 2025 a zonas rurales, con proyectos de electrificación y paneles solares para comunidades campesinas aisladas, buscando equilibrar el desarrollo regional.