Grupos armados en Colombia crecieron un 23,5 % en 2025 y la reparación a víctimas enfrenta un déficit presupuestal

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz revela un alarmante crecimiento de los grupos armados en Colombia durante 2025, mientras la Contraloría advierte sobre un severo desbalance financiero para la reparación a las víctimas del conflicto.

La situación de seguridad en Colombia se deterioró significativamente durante 2025, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Al cierre de ese año, los grupos armados ilegales alcanzaron más de 27.000 integrantes, lo que representa un crecimiento del 23,5 % en comparación con diciembre de 2024, sumando más de 5.000 nuevos miembros en un solo año. Este fortalecimiento se dio a pesar de los operativos de la Fuerza Pública y en medio de las debilidades de la política de Paz Total.

El análisis detalla que el Clan del Golfo es la organización más numerosa, con 9.840 integrantes y un aumento del 30 %. Le siguen el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6.810 miembros y un crecimiento del 9 %; el Estado Mayor Central (EMC), con 4.019 integrantes y un alza del 23 %; y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), con 2.958 personas, un 22 % más que el año anterior. El informe de la FIP subraya que ni los diálogos ni la presión militar han logrado frenar el reclutamiento, impulsado por incentivos económicos en zonas con baja presencia estatal. La expansión de estos grupos intensificó el conflicto, registrando en 2025 el mayor número de disputas armadas de la última década, con un aumento del 34 % en enfrentamientos entre ellos. Además, se evidenció un incremento en la capacidad militar y letalidad, con 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024, de los cuales 237 fueron atribuidos al EMC. Paralelamente, un informe de la Contraloría General de la República alertó sobre un desbalance financiero que pone en riesgo la reparación a las víctimas del conflicto. Para la vigencia de 2026, existe un déficit presupuestal cercano al 83,6 % para cumplir con las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Contraloría señaló que la mayoría de los bienes que las antiguas FARC prometieron entregar no han sido monetizados por el Estado. Pastor Alape, exintegrante de las FARC, negó un incumplimiento intencional y atribuyó las demoras a vacíos normativos y dificultades logísticas.