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Crisis en la gestión de entidades públicas y de salud en Colombia

Diversas entidades estatales y del sector salud en Colombia enfrentan profundas crisis de gestión, seguridad y financieras, que han puesto en tela de juicio la efectividad de los organismos de control y la prestación de servicios esenciales para los ciudadanos.
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El sector de la salud atraviesa una situación crítica, ejemplificada por la Nueva EPS, la principal del país con cerca de 11,5 millones de afiliados. Su crisis se debate entre versiones contradictorias: mientras el presidente Gustavo Petro denuncia pasivos ocultos por 5 billones de pesos, la Contraloría General de la República (CGR) señala un rezago de 22 millones de facturas sin procesar y una pérdida patrimonial acumulada de 11,5 billones de pesos, principalmente tras la intervención del Gobierno en mayo de 2024. Sin embargo, la CGR no confirmó la existencia de dichos pasivos ocultos. Por su parte, la Fiscalía acusó al exgerente por una presunta manipulación de cifras contables, pero no por apropiación de recursos.

En medio de esta falta de claridad, la calidad del servicio se ha deteriorado drásticamente, con un aumento del 152 % en las quejas entre 2022 y 2025. Los problemas de fondo de la Nueva EPS incluyen un software ineficiente que cuesta 5 millones de dólares anuales, la intermediación de Uniones Temporales que filtran recursos y la inestabilidad en la dirección, con cuatro interventores desde su intervención. Esta crisis no es exclusiva de esta entidad; en el departamento de Nariño, la deuda con la red privada de salud supera los 1.418 millones de pesos y se reporta que 89 de cada 100 medicamentos no son entregados a los pacientes, lo que ha llevado al cierre de servicios en clínicas y hospitales.

Las falencias institucionales se extienden a otros ámbitos.

En materia de seguridad, la Fiscalía desarticuló una red criminal, integrada por dos militares activos, que se infiltró en el perímetro de seguridad presidencial y accedió a información clasificada. Simultáneamente, la confianza en los órganos de control fiscal también se ve comprometida. En Córdoba, el proceso para elegir al nuevo contralor departamental para el periodo 2026-2029 ha estado rodeado de polémica, al punto que varios diputados denunciaron presuntas irregularidades en la conformación de la terna de candidatos.

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