Nariño enfrenta amenazas de disidencias y fraudes electorales mientras avanza en políticas de paz

El departamento de Nariño enfrenta una compleja coyuntura que combina los preparativos para las próximas elecciones legislativas y avances en políticas de paz, con graves amenazas de seguridad por parte de grupos armados ilegales.

La seguridad en el departamento de Nariño se ha visto comprometida por intimidaciones de las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por alias “Iván Mordisco”, contra los esquemas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). A través de panfletos difundidos en municipios como Ricaurte, Altaquer y Junín, el grupo armado ha expuesto las placas de vehículos de los escoltas, exigiéndoles informar sus rutas y no operar en zonas bajo su control. Ante la negativa de los esquemas de la UNP, que protegen a líderes sociales, las disidencias los han declarado “objetivo militar” y ofrecen recompensas de entre cinco y ocho millones de pesos por escoltas o líderes que incumplan sus órdenes. En el ámbito electoral, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, las autoridades han emitido una alerta por la circulación masiva de mensajes de texto fraudulentos. Ciudadanos en Nariño y otros departamentos como Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca, han reportado recibir notificaciones falsas que los designan como jurados de votación, las cuales incluyen enlaces maliciosos. Paralelamente, en el marco de los preparativos electorales, se ha informado que el abogado nariñense Manuel Ricardo Ruales Realpe tomó posesión como delegado departamental de la Registraduría del Cauca. En contraste con la situación de seguridad y los riesgos electorales, Nariño ha logrado un avance significativo en la construcción de paz. Se anunció la creación de una política pública de paz y Derechos Humanos, calificada como histórica. Esta iniciativa, que contará con una inversión inicial de 1.500 millones de pesos, es el resultado de un proceso de concertación institucional y ciudadana. Su objetivo es avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 y fortalecer los diálogos territoriales de paz que se desarrollan en la región.