Medellín refuerza búsqueda en La Escombrera: inversión local crece ante la ausencia de fondos nacionales

La Alcaldía de Medellín ha anunciado una nueva inversión de 4.800 millones de pesos para 2026, reafirmando su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, mientras persiste el debate sobre la financiación del Gobierno Nacional.

La Alcaldía de Medellín destinará 4.800 millones de pesos en 2026 para intensificar las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera, un vertedero de escombros en la Comuna 13 que se ha convertido en un símbolo del conflicto armado en la ciudad. Esta nueva asignación se suma a los más de 9.800 millones de pesos invertidos por la administración distrital entre 2024 y 2025. Los recursos se dirigirán a fortalecer la logística, incluyendo la adquisición de maquinaria amarilla, el acondicionamiento de campamentos para las madres buscadoras y el acompañamiento psicosocial y médico a los familiares de las víctimas. El anuncio se produce en un contexto de presión por parte de las víctimas y organizaciones de derechos humanos para garantizar la continuidad de las excavaciones. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una medida cautelar en la que vinculó a los ministerios de Hacienda e Interior para asegurar la sostenibilidad financiera del proyecto. Sin embargo, los artículos señalan que el Gobierno Nacional aún no ha desembolsado los recursos solicitados, por lo que la financiación ha sido asumida en su mayor parte por el Distrito de Medellín. El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Alberto Arcila Valencia, manifestó que esta inversión ratifica el respaldo de la ciudad a las madres buscadoras, a la JEP y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Asimismo, afirmó que la alcaldía garantizará los derechos humanos de quienes participan en el proceso. Hasta la fecha, las labores han arrojado resultados como la recuperación de varios cuerpos; un artículo menciona cuatro hallazgos reportados en enero de 2025, mientras que otro detalla que cuatro víctimas han sido identificadas y dos cuerpos más se encuentran en análisis genético. Aunque la inversión es vista como un avance significativo, la comunidad y las víctimas exigen que se consolide como un programa sostenido en el tiempo, con garantía estatal permanente, transparencia y una articulación clara con las familias. El reto principal, más allá de las cifras, es convertir los aportes económicos en resultados concretos que materialicen el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para quienes aún esperan encontrar a sus seres queridos.