Regulación en Vilo: El Futuro de Airbnb y el Turismo Digital en Colombia ante Nuevo Decreto Gubernamental

Un borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha generado una fuerte controversia en el sector, amenazando la operación de plataformas de alojamiento como Airbnb y la economía de miles de pequeños anfitriones en Colombia.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), ha propuesto un borrador de decreto que busca modificar drásticamente las condiciones para los prestadores de servicios turísticos, en especial para las plataformas digitales de alojamiento temporal como Airbnb. La iniciativa pretende transformar el sistema actual de obtención del Registro Nacional de Turismo (RNT), basado en una declaración, por un modelo de preverificación administrado por la autoridad, lo que en la práctica funcionaría como una licencia de facto para operar. El proyecto impondría nuevas y complejas exigencias, como la verificación previa del uso del suelo y el cumplimiento de los reglamentos de propiedad horizontal, requisitos que, según gremios, no están contemplados en la ley vigente. Además, trasladaría a las plataformas responsabilidades estatales, como verificar cada seis meses la vigencia del RNT de sus anfitriones, supervisar que no existan anuncios duplicados y garantizar la interoperabilidad con sistemas gubernamentales que aún no han sido implementados. La normativa entraría en vigor el 18 de diciembre sin un periodo de transición, lo que ha generado rumores sobre una posible salida de Airbnb del país. Gremios como la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) han calificado las medidas como de "imposible cumplimiento técnico y jurídico". Advierten que el aumento de la burocracia podría empujar a la informalidad a miles de pequeños prestadores, muchos de ellos familias de clase media, mujeres y adultos mayores que dependen de estos ingresos. Según la CCIT, el sector genera más de 215.000 empleos y aporta más de 550 millones de dólares al PIB turístico, dinamizando las economías en más de 600 municipios, incluyendo zonas rurales y PDET sin infraestructura hotelera tradicional. Los gremios también denuncian haber sido excluidos de las mesas de discusión del proyecto.

Por su parte, el MinCIT justifica la actualización normativa como una medida indispensable para prevenir inscripciones irregulares, evitar suplantaciones y garantizar información veraz para los consumidores y las autoridades.

Sin embargo, la industria hace un llamado urgente al diálogo para evitar lo que denominan un "apagón digital" en plena temporada de fin de año, que afectaría a viajeros, anfitriones y al desarrollo turístico del país.