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Crisis financiera y presuntas irregularidades afectan la red hospitalaria de Colombia

El sistema de salud colombiano atraviesa una profunda crisis financiera que amenaza la operatividad de los hospitales y la atención a los pacientes. Una combinación de deudas millonarias por parte de las EPS, presuntos actos de fraude y corrupción, y fallas estructurales ha puesto en jaque la sostenibilidad de la red hospitalaria en varias regiones del país.

La viabilidad de múltiples instituciones de salud en Colombia está comprometida por una severa crisis de liquidez, principalmente causada por las deudas acumuladas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Un caso emblemático es el del Hospital Federico Lleras Acosta en Tolima, que suspendió indefinidamente las consultas externas y cirugías programadas debido a la falta de insumos y a una deuda de cerca de 40.000 millones de pesos, atribuida en gran parte a Nueva EPS. Esta situación se replica en otras regiones, como en Popayán, donde el Hospital Universitario San José enfrenta una cartera morosa superior a los 2,5 billones de pesos, lo que lo obligó a contratar una firma externa para recuperar las deudas más antiguas y evitar la pérdida de esos recursos.

La crisis no solo se debe a la falta de pago, sino también a presuntas irregularidades y corrupción. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspendió pagos por más de 490 millones de pesos a dos IPS en Córdoba, el Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. y el Centro Médico Torresalud IPS, por facturar servicios sin contar con la infraestructura necesaria.

A nivel nacional, esta medida por fraude en reclamaciones de accidentes de tránsito supera los 17 mil millones de pesos. Por otro lado, en Leticia, el Hospital San Rafael enfrenta una investigación por un presunto escándalo de corrupción que incluye un contrato con sobrecostos por 24.000 millones de pesos para la compra de medicamentos, mientras acumula deudas superiores a los 7.300 millones. En un intento por mitigar la crisis, la Superintendencia Nacional de Salud ha mediado para lograr acuerdos de pago. En el Eje Cafetero, se pactaron giros por más de 35.000 millones de pesos entre EPS y hospitales. Sin embargo, la ausencia de la agente interventora de Nueva EPS en las mesas de negociación generó desconfianza sobre el cumplimiento de los compromisos. Además, la Supersalud ordenó a dicha aseguradora corregir un problema contable, ya que según la Contraloría, más de 21 billones de pesos figuran como “anticipos” en lugar de pagos por servicios ya prestados.

Esta situación sistémica, con deudas que superan los 32,9 billones a nivel nacional, impacta directamente a los usuarios, quienes denuncian barreras persistentes en el acceso a medicamentos, citas y tratamientos.

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