La Fiscalía acusó formalmente al exdirector del Dapre Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar sobornos a congresistas.

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. González, quien se encuentra prófugo de la justicia, no aceptó los cargos. Según la investigación, entre septiembre y octubre de 2023, González Merchán habría impartido instrucciones al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, para entregar un total de 4.000 millones de pesos en coimas. Los presuntos destinatarios de los sobornos eran los entonces presidentes del Congreso: Iván Leonidas Name Vásquez, del Senado, y Andrés David Calle Aguas, de la Cámara de Representantes. Los elementos probatorios de la Fiscalía señalan que la entrega del dinero se habría realizado a través de intermediarios. Presuntamente, Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera para las Regiones, fue la encargada de entregar 3.000 millones de pesos al senador Name. Por su parte, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, habría trasladado 1.000 millones de pesos a Montería (Córdoba) con destino al representante Calle. Los recursos para los sobornos provenían de un contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable a comunidades indígenas en la Alta Guajira. En el proceso judicial fueron reconocidas como víctimas la Contraloría General, la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, la propia UNGRD y las comunidades indígenas Nación Wayuu y Pororú – sector Murujuy. Tras la acusación, la Corte Suprema de Justicia deberá fijar la fecha para la audiencia preparatoria del juicio.