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Reorganización del sistema de salud en Colombia

Una nueva reorganización del sistema de salud en Colombia obligará a 2,3 millones de usuarios a cambiar de Entidad Promotora de Salud (EPS) en los próximos seis meses. Esta medida, impulsada por el Gobierno, elimina la libre elección de aseguradora y genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios médicos.
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En los próximos seis meses, aproximadamente 2,3 millones de colombianos serán transferidos obligatoriamente de EPS como resultado de la entrada en vigor del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025. Esta normativa busca reorganizar el sistema de salud en 10 regiones y 119 subregiones funcionales, pero uno de sus principales impactos es la eliminación del derecho de los usuarios a elegir libremente su aseguradora. En su lugar, los afiliados serán reasignados automáticamente según criterios definidos por el Ministerio de Salud, lo que genera una gran incertidumbre sobre qué entidad asumirá su atención médica. Según un análisis de 'Así Vamos en Salud', las EPS de tamaño intermedio serán las más perjudicadas por esta redistribución.

Se estima que Cajacopi deberá ceder el 30,5 % de sus afiliados, Coosalud el 17,8 %, Asmet Salud el 17,1 % y Famisanar el 13 %.

Por otro lado, aseguradoras grandes como Sanitas, Sura y Salud Total experimentarían pérdidas mínimas, mientras que la Nueva EPS conservaría toda su afiliación, lo que ha despertado preocupaciones entre expertos sobre una posible concentración del poder en esta entidad. Además, la nueva regulación obliga a las EPS a ampliar su cobertura a todos los municipios dentro de una subregión autorizada, incluso si no tienen infraestructura consolidada allí, lo que podría afectar la calidad del servicio. Esta reorganización se enmarca en una crisis estructural del sistema de salud colombiano, caracterizada por un financiamiento insuficiente, donde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a menudo no cubre los costos reales. A esto se suma una cadena de deudas acumuladas entre los actores del sistema. Un ejemplo de ello es la situación de la Nueva EPS en Antioquia, donde la IPS Promedan anunció una posible afectación en el servicio para 120.000 usuarios en Medellín e Itagüí por una deuda superior a los $19 mil millones. De manera similar, la ESE BelloSalud suspenderá servicios ambulatorios a afiliados de la misma EPS por una deuda de $1.500 millones.

Estos casos evidencian cómo los problemas financieros ponen en riesgo la atención directa a los pacientes.

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