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Irregularidades financieras y acusaciones contra exdirectivos de la Nueva EPS

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por un presunto desfalco millonario, destapando un esquema de corrupción que habría maquillado la verdadera situación financiera de la entidad promotora de salud más grande de Colombia.
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La Fiscalía radicó un escrito de acusación contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe; el exvicepresidente financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de contabilidad, Edgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de cuentas médicas, Fabio Antonio Peralta Núñez. Se les imputan los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control sobre recursos de la salud. Según la investigación, entre 2019 y 2023, los exdirectivos habrían diseñado una política fraudulenta para desviar más de $70.500 millones y ocultar la crisis financiera de la entidad. El mecanismo consistía en omitir el procesamiento de aproximadamente 14 millones de facturas emitidas por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).

Esta maniobra permitía ocultar los costos reales y los pasivos, que según la Contraloría superaban los $5 billones al cierre de 2022, para así presentar estados financieros con utilidades ficticias. El objetivo era evitar la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud y mantener una imagen de solidez inexistente, engañando a la junta directiva y a los entes de control. Estos hallazgos, respaldados por un informe de la Contraloría General de la República, motivaron la intervención de la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud en abril de 2024. La exministra de Salud, Carolina Corcho, calificó la situación como “el mayor desfalco de recursos públicos en la historia reciente del país”, atribuyéndolo a un modelo fallido de manejo privado de dineros públicos. La crisis no solo es financiera, con un patrimonio que se desplomó a cifras negativas, sino que también ha deteriorado gravemente la calidad del servicio, reflejado en un aumento del 151.6% en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) entre 2022 y 2025. El Gobierno nacional ha utilizado este caso para reforzar su argumento sobre la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que elimine la intermediación financiera de las EPS. La investigación fiscal y los hallazgos de la Contraloría son presentados como evidencia de una corrupción sistémica que, según el ejecutivo y la exministra Corcho, justifica la intervención y la urgencia de cambiar el modelo para proteger los recursos públicos y garantizar el derecho a la salud de los colombianos.

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