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Panorama económico y fiscal de Colombia para 2026

Las discusiones sobre el rumbo económico de Colombia para 2026 ya están en marcha, marcadas por el debate del Presupuesto General de la Nación, la negociación del salario mínimo y la definición de importantes presupuestos regionales.
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La planificación económica para el año 2026 avanza en diferentes frentes. Uno de los debates centrales es la negociación del salario mínimo, donde las centrales obreras, como la CUT, han propuesto un aumento a $1.600.000, argumentando la necesidad de compensar el alza en el costo de vida desde el salario vigente de $1.423.500. Sin embargo, tanto el gobierno como los empresarios han manifestado una postura más conservadora, pidiendo moderación para evitar presiones inflacionarias, un aumento desbordado del costo laboral y un posible impacto negativo en la competitividad que podría fomentar la informalidad.

A nivel regional, el departamento del Valle del Cauca ha presentado su proyecto de presupuesto para 2026, el cual asciende a 4.4 billones de pesos. La propuesta destina una parte significativa, más del 70 % (aproximadamente 3.17 billones de pesos), a la inversión en proyectos sociales, de infraestructura y desarrollo económico, incluyendo el apalancamiento del Tren de Cercanías.

Los sectores que recibirán mayores recursos son tecnología y conectividad, seguridad, energía y transporte.

El presupuesto también contempla cerca de 843 mil millones para funcionamiento y 260 mil millones para el servicio de la deuda.

La iniciativa se encuentra en estudio en la Asamblea Departamental, donde será revisada en comisiones antes de su debate en plenaria. En el ámbito nacional, el Presupuesto General de la Nación para 2026 enfrenta posibles desafíos legales. Analistas han señalado la existencia de vicios de trámite en su discusión, entre los que se incluyen la falta de quórum, no haber definido el monto total antes de la fecha límite del 15 de septiembre y una posible incompatibilidad con el marco fiscal.

Estos puntos podrían ser la base para futuras demandas contra el presupuesto.

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