
Protestas en Ecuador por eliminación de subsidio al diésel



Desde el 22 de septiembre de 2025, Ecuador vive un paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). La principal causa es la eliminación del subsidio al diésel por parte del gobierno de Daniel Noboa, lo que elevó el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares. Las manifestaciones, que se han extendido por más de 17 días, se registran en al menos seis de las 24 provincias del país, con bloqueos de carreteras principalmente en el norte. El pliego de peticiones se ha ampliado más allá de la restitución del subsidio. La Conaie, liderada por Marlon Vargas, exige también la reducción del IVA al 12 %, mejoras en salud y educación, la liberación de los detenidos durante las protestas y el rechazo al referendo del 16 de noviembre para una Asamblea Constituyente. El movimiento indígena califica las medidas del gobierno como de corte neoliberal y se opone a la precarización del empleo y el alto costo de vida. La tensión alcanzó un punto crítico el 7 de octubre en la provincia de Cañar, cuando un grupo de aproximadamente 500 personas atacó con piedras y palos la caravana en la que se desplazaba el presidente Noboa, quien resultó ileso. El Gobierno calificó el hecho como un "intento de asesinato" y un "acto de terrorismo", anunciando que los responsables serán procesados por estos delitos.
Tras el incidente, cinco personas fueron capturadas.
La Conaie rechazó las acusaciones de magnicidio, calificando el suceso como una "provocación" del presidente al ingresar a una zona de protesta. Además, señaló que el alcalde de Cañar, Segundo Yugsi, había advertido previamente a las autoridades sobre posibles incidentes. El saldo de las protestas incluye un comunero indígena fallecido, Efraín Fuerez, decenas de heridos y 117 personas detenidas, entre ellas once menores de edad. Como respuesta, el Gobierno declaró estado de excepción en hasta diez provincias, suspendiendo el derecho a la reunión, y desplegó fuerzas especiales. Organizaciones como la OEA y la Cancillería de Colombia condenaron el ataque al presidente, mientras que Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso de estrategias militarizadas y la criminalización de la protesta social en el país.
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