Drones armados: la nueva táctica de guerra que desborda la respuesta estatal en Colombia

El uso de drones comerciales modificados con explosivos por parte de grupos armados ilegales se ha consolidado como una de las mayores amenazas para la seguridad en Colombia, generando un alarmante aumento de la violencia y evidenciando vacíos en la estrategia de defensa del país.

El ataque con drones cargados de explosivos se ha convertido en una amenaza diaria en Colombia, con un drástico aumento en su frecuencia. Según cifras de la Fuerza Pública, entre el 26 de abril de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 se registraron 367 atentados bajo esta modalidad, lo que equivale a un ataque cada día y medio. Estos hechos han dejado un saldo de 21 personas muertas y 261 heridas, incluyendo civiles, militares y policías. La escalada es notoria, pasando de un promedio de 14,8 ataques mensuales en 2024 a 24,8 en lo que va de 2025. Los departamentos más afectados por esta táctica de guerra son Cauca, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Grupos armados como las disidencias de las FARC, incluyendo los frentes ‘Iván Mordisco’ y ‘Carlos Patiño’, y el ELN, han adoptado el uso de drones comerciales modificados para transportar y lanzar granadas o explosivos improvisados.

Estos ataques se dirigen principalmente contra bases militares y puestos de policía en zonas rurales, pero la población civil sufre graves consecuencias.

Un ejemplo es el ataque en El Plateado (Cauca), donde cuatro menores resultaron heridos cerca de su plantel educativo.

Las autoridades han logrado algunos golpes contra estas estructuras, como la reciente captura de alias ‘Drácula’, un cabecilla del ELN en la región del Catatumbo que dirigía operaciones ofensivas con drones. Este individuo es señalado como responsable de atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Asimismo, se reportó un ataque contra tropas de la Armada en zona rural de Buenaventura, atribuido a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, aunque sin lesionados. Frente a esta creciente amenaza, el Gobierno ha anunciado medidas como recompensas de hasta 100 millones de pesos por información, la creación de un Batallón de Drones y la compra de equipos antidrones. Sin embargo, se critica que estas acciones están en fase de implementación y son insuficientes, pues más de 3.000 pelotones del Ejército estarían expuestos por falta de sistemas de detección. Se señala la ausencia de una estrategia nacional de defensa antidrón (C-UAS) que proteja de manera integral a las comunidades rurales y la infraestructura crítica, lo que ha permitido que los grupos armados ganen terreno en el espacio aéreo colombiano.