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Colombia se prepara para las elecciones legislativas en medio de un amplio despliegue logístico y alertas por riesgos electorales

A medida que se acercan las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, Colombia avanza en un complejo proceso de preparación, marcado tanto por esfuerzos para garantizar la participación ciudadana como por crecientes alertas sobre riesgos de fraude, violencia y desinformación en diversas regiones del país.
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Con miras a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, en las que se elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, las autoridades electorales colombianas adelantan un significativo despliegue logístico en todo el territorio. Un ejemplo de ello es el departamento de Santander, donde se instalarán 5.954 mesas de votación para 1.867.345 ciudadanos habilitados, con la designación de 42.392 jurados. A nivel nacional, la Registraduría ha incrementado el número de mesas y jurados para facilitar el acceso a las urnas y evitar aglomeraciones.

Regiones como el Pacífico se perfilan como determinantes en estos comicios, con un potencial electoral superior a los 6,4 millones de votantes en Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. La contienda en esta zona destaca por el fortalecimiento de la participación afrodescendiente, con 124 aspirantes a las dos curules especiales, y por la relevancia de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que buscan dar representación a las víctimas del conflicto armado.

El proceso electoral estará bajo una estricta vigilancia nacional e internacional. Una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), con más de 120 expertos, ya se encuentra desplegada en el país para evaluar desde el marco legal hasta el comportamiento de los medios y redes sociales. Para facilitar su labor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una plataforma digital para la acreditación de los observadores. A nivel local, la Misión de Observación Electoral (MOE) realiza un seguimiento continuo, aunque ha expresado preocupación por la falta de acceso en tiempo real a las plataformas de la Registraduría.

Pese a los preparativos, persisten serias preocupaciones sobre la transparencia y seguridad del proceso.

La MOE ha identificado 103 municipios con movimientos inusuales en la inscripción de cédulas, lo que podría indicar un riesgo de traslado de votantes. Además, ha clasificado a varios municipios, incluyendo zonas de Bogotá, en riesgo extremo de violencia y fraude.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo y la misma MOE han instado a las campañas a evitar mensajes violentos y la difusión de información falsa para garantizar un proceso electoral libre y en paz.

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