Desde abril de 2024, se han contabilizado 393 atentados de este tipo. La situación es particularmente grave en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC en municipios como El Tarra y Tibú han incluido el uso de drones contra viviendas, causando destrucción, desplazamientos masivos y confinamiento de comunidades. Videos en redes sociales han mostrado los destrozos en iglesias y comercios, así como la presencia de hombres armados en caseríos, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Como respuesta, el Gobierno ha anunciado la compra de sistemas antidrones y la reanudación de la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato mediante drones a baja altura, buscando contrarrestar esta nueva capacidad tecnológica de los grupos criminales.