El archivo, que circula en formatos como Excel o Google Forms, contiene nombres, datos personales, fotografías y comentarios sobre individuos acusados de infidelidad. Aunque para algunos es visto como un acto de solidaridad de género, otros lo consideran una forma de venganza que vulnera derechos fundamentales. La divulgación de esta información sensible y privada sin autorización contraviene la Ley 1581 de 2012, que protege el derecho al habeas data y otorga a los titulares el poder de conocer, rectificar y suprimir su información. Sin embargo, la naturaleza anónima y descentralizada de la lista dificulta la aplicación de la ley, ya que no hay un responsable único a quien exigir la rectificación o eliminación de los datos. Las opciones legales son complejas: una denuncia penal podría ser lenta y requeriría pruebas técnicas difíciles de obtener, mientras que una acción de tutela enfrentaría el obstáculo de no poder identificar a una entidad o persona específica a quien dirigir la orden. Este fenómeno digital pone de manifiesto cómo las nuevas tecnologías generan situaciones en las que el marco legal existente lucha por ofrecer respuestas eficaces y oportunas.