Un brutal caso de maltrato animal, grabado en video en el departamento de Bolívar, ha generado indignación en toda Colombia, la cual se intensificó luego de que el agresor, Fernando Alonso Oviedo Sánchez, quedara en libertad tras entregarse voluntariamente en Antioquia. Aunque un análisis forense confirmó que el perro sobrevivió al ataque, el hecho ha expuesto vacíos legales y reavivado el debate sobre la efectividad de la Ley Ángel contra la crueldad animal. El caso se hizo viral el 3 de noviembre, cuando circuló un video que mostraba a Oviedo Sánchez golpeando violentamente a un perro por presuntamente haber comido un trozo de carne. La presión ciudadana y una recompensa de 50 millones de pesos ofrecida por la Gobernación de Antioquia llevaron a que el hombre se presentara el 8 de noviembre en Yarumal, Antioquia, con un canino que, según él, era el mismo del video. La Unidad Forense Veterinaria de la Universidad Remington confirmó la identidad del animal mediante un análisis de pigmentación corporal, concluyendo una “compatibilidad del cien por ciento”.
El dictamen reveló que el perro, de menos de dos años, sufrió “politraumas y daño neurocognitivo que puede ser severo”, pero sobrevivió gracias a su juventud y resistencia.
A pesar de las pruebas y su entrega, Oviedo Sánchez fue puesto en libertad. La gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, explicó que la decisión se debió a un tecnicismo jurisdiccional: “La Fiscalía de Antioquia no podía mantener retenido al agresor, por lo que este se encuentra en libertad”, ya que el delito ocurrió en Bolívar. Mientras el perro se recupera para ser dado en adopción, la recompensa por la captura del agresor sigue vigente, ahora para que responda ante la jurisdicción competente.
En resumenUn hombre que agredió brutalmente a un perro en un video viral se entregó a las autoridades en un departamento distinto al del crimen, lo que provocó su liberación por un vacío jurisdiccional. A pesar de que el perro sobrevivió con graves secuelas, el caso desató una fuerte indignación nacional y expuso las limitaciones del sistema judicial para sancionar el maltrato animal.