Las consecuencias fueron graves, incluyendo siniestros viales con múltiples heridos y víctimas fatales, como la tragedia en Sucre donde murieron tres personas, dos de ellas trabajadores ajenos a la caravana. Las autoridades respondieron con un despliegue masivo de fuerza pública, puestos de control y la imposición de decretos que restringían la circulación de parrilleros y establecían toques de queda para motocicletas. En Medellín, los operativos dejaron más de 500 motos inmovilizadas y cerca de 1.400 comparendos.

En Bucaramanga, la jornada fue calificada como una “noche de horror” que expuso a la ciudadanía a un “grave peligro”. La situación escaló en Bogotá, donde las protestas de los moteros contra las restricciones terminaron en agresiones a un equipo periodístico de Noticias Caracol. El debate público se ha centrado en la necesidad de “mano dura y castigos drásticos”, como lo exigen algunas columnas de opinión, frente a un fenómeno que transforma una celebración familiar en una amenaza para el orden público y la seguridad vial.