El pacto, que incluye una compensación económica y acciones pedagógicas, ha generado un intenso debate sobre la justicia restaurativa y sus implicaciones legales.

El acuerdo, que forma parte de un incidente de reparación integral, establece que Barrera deberá pagar 100 millones de pesos en efectivo a TransMilenio S.A. y cumplir con una serie de actividades de carácter simbólico y social. Estas acciones incluyen ofrecer disculpas públicas, producir y difundir videos educativos en sus redes sociales para promover la cultura ciudadana y el respeto por el sistema de transporte, además de realizar labores de pedagogía directamente con los usuarios. El origen del proceso se remonta al 22 de noviembre de 2019, cuando, en el marco del paro nacional, la influenciadora se grabó destruyendo con un martillo las instalaciones de la estación Molinos, incluyendo puertas de vidrio y validadores de tarjetas. Los daños fueron estimados en más de 467 millones de pesos.

Es crucial señalar que, aunque el convenio busca una reparación y reconciliación, no modifica la situación judicial de Barrera. El cumplimiento del acuerdo no implica su libertad definitiva, ya que esta decisión recae exclusivamente en los jueces que manejan su condena de cinco años y dos meses de prisión por delitos como daño en bien ajeno agravado y perturbación del transporte público.

La noticia ha generado diversas reacciones en redes sociales, donde algunos internautas han cuestionado el pacto, sugiriendo que la empresa se aprovecha de la figura pública para obtener dinero adicional a la sanción penal ya impuesta.