La polémica se intensificó con la aparición de un supuesto segundo video, aunque su autenticidad fue cuestionada por usuarios que sugirieron un posible montaje con inteligencia artificial.

El caso ha abierto un debate sobre las consecuencias legales de estos actos. El abogado penalista Jimmy Gómez explicó que, aunque no se sepa quién filtró el material, “la responsabilidad penal recae sobre cualquier persona que lo comparta o difunda sin el consentimiento de la víctima”, y recordó que la Ley 1273 de 2009 sanciona estas conductas. Varios artículos de opinión reforzaron esta perspectiva, calificando la difusión no como un "chisme", sino como un acto de violencia que vulnera la intimidad y la dignidad. Figuras públicas como la influenciadora Luisa Fernanda W también se pronunciaron, lanzando una advertencia sobre la gravedad de compartir este tipo de contenido.