Además, socava directamente la narrativa anticorrupción del presidente Petro, quien ha intentado distanciar a su círculo cercano de los hechos, culpando a mandos medios como Olmedo López y Sneyder Pinilla. La condena de funcionarios tan cercanos al presidente no solo afectaría su capital político, sino que podría tener consecuencias legales sobre la validez de la legislación tramitada. El caso representa uno de los mayores desafíos para la administración, amenazando con paralizar su agenda y erosionar la confianza pública en un momento crítico.