El decreto fue expedido por el Gobierno para hacer frente a una difícil situación fiscal, buscando crear nuevos tributos y realizar cambios impositivos por vía expedita tras el fracaso de su reforma tributaria en el Congreso. La Corte Constitucional debe determinar si existían las condiciones de imprevisibilidad y excepcionalidad que justifican el uso de esta figura. Los argumentos en contra, respaldados por expertos y centros de pensamiento, sostienen que la crisis fiscal era previsible y que el Gobierno contaba con mecanismos ordinarios, como recortes presupuestarios, para enfrentarla. El presidente Petro ha elevado la apuesta, advirtiendo que si la Corte tumba el decreto, el país podría enfrentar una "crisis económica grave", lo que añade una considerable presión política al fallo judicial. La decisión de la Corte no solo afectará la capacidad del Gobierno para financiar sus programas, sino que también sentará un precedente sobre el equilibrio de poderes. Un fallo en contra del decreto sería visto como una victoria del control judicial sobre el Ejecutivo, mientras que un aval podría ser interpretado como una concesión de poderes extraordinarios al presidente en materia económica, en un contexto de ya tensas relaciones entre la Presidencia y las altas cortes.