Las denuncias, radicadas ante la Corte Suprema de Justicia, apuntan a figuras de la oposición como los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández (Jota Pe Hernández) y María Fernanda Cabal, y la representante Lina María Garrido. El Gobierno argumenta que los pronunciamientos de estos congresistas, en los que supuestamente respaldaban una acción militar extranjera, exceden la libertad de expresión y constituyen delitos contra la patria y la soberanía. Esta acción judicializa el debate político, trasladando la confrontación de los escenarios democráticos a los tribunales.

Para la oposición, se trata de un intento de intimidación y persecución política para silenciar las voces críticas. Jurídicamente, aunque las denuncias se basan en tipos penales existentes, analistas señalan que tienen escasas posibilidades de prosperar, dado el alto estándar probatorio requerido y la protección a la libertad de opinión de los congresistas. Sin embargo, el impacto político es inmediato, profundizando la polarización y sentando un precedente controversial sobre el uso de herramientas legales para combatir a los adversarios políticos.