Esta medida busca garantizar la transparencia y la imparcialidad en el proceso electoral que se avecina. Asimismo, en Ortega, Tolima, se abrió una investigación disciplinaria contra un concejal por presunta violencia de género contra la gobernadora del departamento durante una sesión de la corporación. Estas intervenciones, junto con una solicitud para frenar un préstamo de 145 mil millones de pesos en Puerto Gaitán, Meta, por posibles irregularidades, subrayan el papel activo de la Procuraduría en la fiscalización de la gestión pública a nivel regional, impactando directamente en la toma de decisiones de alcaldes, concejales y otros funcionarios.