Aumento del salario mínimo se consolida como un campo de batalla ideológico
El histórico aumento del salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro, superior al veinte por ciento, ha trascendido el debate económico para convertirse en un profundo campo de batalla ideológico y político. La medida es defendida por el oficialismo como un acto de justicia social y un paso hacia un “salario vital”, mientras que críticos y sectores de la oposición la ven como una decisión populista con graves riesgos para el empleo y la sostenibilidad empresarial. El gobierno, a través de figuras como la exministra Clara López Obregón, argumenta que la decisión se enmarca en el mandato de la Constitución de 1991, que exige una remuneración “mínima, vital y móvil”. Se sostiene que el incremento no es un cálculo mecánico, sino una ponderación que busca cerrar la brecha entre el salario mínimo y el costo de una vida digna, dinamizando a su vez la demanda agregada. Esta visión contrasta con la de economistas como la exministra Cecilia López, quien advierte que la medida podría generar una “tormenta perfecta que amenaza miles de empleos”, afectando principalmente a los trabajadores menos calificados como porteros, vigilantes y empleadas domésticas. Este argumento es calificado por analistas como una forma de paternalismo, donde las élites se oponen al aumento “por el propio bien” de los más vulnerables, sin cuestionar la desigualdad estructural. El debate refleja dos proyectos de país en disputa: uno que prioriza la redistribución y la dignificación del trabajo, asumiendo los retos que esto implica para las empresas, y otro que defiende la ortodoxia macroeconómica, alertando sobre los efectos adversos en la formalidad laboral. La controversia se agudiza con las declaraciones del senador Antonio Zabaraín, quien afirmó que el salario de un congresista de 32 millones de pesos “no es bien remunerado”, evidenciando la enorme brecha de percepciones sobre la equidad salarial en el país.



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