Este marco judicial convierte cualquier asociación política con dicho régimen en un pasivo de alto riesgo. La atención se centra en figuras como el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, a quien sus opositores señalan por su defensa histórica del régimen venezolano y sus roles en procesos de paz con las FARC. El caso judicial en Nueva York podría reactivar controversias pasadas, como la de los computadores de Raúl Reyes, y presentarlas bajo una nueva luz penal transnacional. Además, el escándalo de los audios de Armando Benedetti, donde se mencionaban “15.000 millones” para la campaña de Petro, podría ser reinterpretado. Lo que antes era un debate sobre financiación irregular interna, ahora corre el riesgo de ser investigado como parte de una red de apoyo regional del chavismo. La captura de Maduro crea un poderoso incentivo para la cooperación con la justicia estadounidense; exfuncionarios venezolanos podrían entregar información sobre apoyos a movimientos políticos en Colombia a cambio de beneficios penales. Esto coloca al gobierno Petro y a su coalición en una posición vulnerable, donde las acusaciones de la oposición sobre una supuesta financiación externa podrían pasar del debate político a ser parte de un expediente judicial en Estados Unidos.