Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con gran escepticismo y rechazo por parte de amplios sectores políticos.

La oposición y precandidatos presidenciales la ven como una estrategia para alterar las reglas del juego democrático, potencialmente buscando mecanismos de reelección o perpetuación en el poder, y como una amenaza directa a la institucionalidad forjada en 1991.

Este movimiento ha unido a diversos sectores críticos que lo consideran una jugada peligrosa que podría desestabilizar el país en un año preelectoral.