Histórico Aumento del Salario Mínimo Genera Profunda División Política y Económica
El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 22,7 % en el salario mínimo para 2026, una de las alzas más altas en décadas, desatando un intenso debate sobre sus implicaciones económicas y sus posibles motivaciones electorales. La decisión se tomó de manera unilateral tras el fracaso de la mesa de concertación, llevando el ingreso total, con auxilio de transporte, a dos millones de pesos. La medida ha polarizado profundamente el espectro político y económico. El presidente Petro y sus aliados, como el senador Iván Cepeda, la defienden como un acto de justicia social y una herramienta para establecer un "salario mínimo vital" que reduzca la desigualdad y dinamice el consumo interno. Sostienen que es una profundización de conquistas sociales esenciales para derrotar la pobreza. En contraste, figuras de la oposición como los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque, y el exministro Mauricio Cárdenas, han calificado la decisión de "irresponsable" y populista. Argumentan que un incremento desmedido, sin un crecimiento económico que lo respalde, provocará un aumento de la inflación, la pérdida de empleos formales, la quiebra de pequeñas y medianas empresas y un fomento de la informalidad. Duque llegó a comparar la medida con las políticas de líderes regionales como Hugo Chávez, afirmando: "se llaman ‘progresistas’, pero son pobresistas porque espantan la inversión". La controversia se amplifica porque el alza del mínimo indexa automáticamente los salarios de altos funcionarios, incluidos los congresistas, lo que para los críticos agudiza la brecha salarial en lugar de cerrarla. Se ha advertido que la medida podría tener fines electorales de cara a los comicios de 2026.



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