La captura del exministro Bonilla, investigado por cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en contratos, ha generado un terremoto político.

Días antes de su detención, Bonilla preparó una carta, que forma parte de su estrategia de defensa, en la que niega las acusaciones. En el texto, refuta la existencia de “cupos indicativos” como mecanismo para comprar el apoyo de congresistas, argumentando que todas las asignaciones presupuestales se hicieron a entidades públicas y conforme a la ley. Además, ataca la credibilidad del testimonio de su exasesora, María Alejandra Benavides, a quien acusa de construir “un relato con rumores de pasillo”. El escándalo, que ya ha llevado a la cárcel a otros altos funcionarios, es descrito como un flagelo de corrupción enquistado al más alto nivel del Gobierno. El presidente Petro ha defendido a sus exfuncionarios, afirmando que “no se robaron un peso” y que son juzgados por tramitar proyectos de congresistas. Sin embargo, el caso ha minado la credibilidad del Ejecutivo y ha puesto en aprietos a varios parlamentarios de la coalición de gobierno, en un año preelectoral.