La propuesta del gobierno Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente ha escalado en la agenda política, con la inscripción formal de un comité promotor para la recolección de firmas. Esta iniciativa ha encendido un intenso debate sobre sus verdaderas intenciones, siendo vista por la oposición como una estrategia para perpetuarse en el poder y modificar las reglas institucionales del país. El Ejecutivo y sus aliados radicaron ante la Registraduría el comité de nueve miembros que buscará recoger más de 2,5 millones de firmas para convocar la asamblea. El Gobierno argumenta que este mecanismo es necesario para implementar las reformas sociales que, según afirma, han sido bloqueadas en el Congreso.
Sin embargo, la propuesta ha sido recibida con un rechazo generalizado por parte de la oposición y sectores independientes.
El expresidente Álvaro Uribe la calificó como una “estrategia electoral”, mientras que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acusó a Petro de actuar “como los dictadores”. Figuras como Sergio Fajardo y los precandidatos de la Gran Consulta también la han rechazado, viéndola como una “trampa” y una amenaza a la estabilidad institucional. La senadora María Fernanda Cabal le recordó al presidente su promesa de campaña, firmada en mármol, de no convocar una constituyente. Ante las críticas, el presidente Petro ha insistido en que el proceso no se realizará durante su mandato para no coincidir con las elecciones y ha afirmado: “No voy a ser dictador. No insulte”.
A pesar de sus aclaraciones, la desconfianza persiste, y el debate se centra en si la iniciativa es un genuino intento de reforma o una maniobra para alterar el equilibrio de poderes.
En resumenEl impulso a una Asamblea Constituyente se ha convertido en el principal punto de fractura política en Colombia, consolidando un bloque de oposición unificado en su contra y definiendo la contienda electoral de 2026 como un plebiscito sobre la continuidad del orden constitucional de 1991.