Las investigaciones involucran a altos exfuncionarios, incluyendo al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien fue capturado, y a cerca de una decena de congresistas. En una carta, Bonilla se defendió argumentando que la asignación de los llamados “cupos indicativos” es una función legítimamente legislativa y no un acto criminal, y que “no hay una sola partida a nombre de personas naturales y, mucho menos, de congresistas”. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que tiene pruebas integrales, incluyendo videos y testimonios, que sustentan los cargos de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en contratos.

El presidente Petro ha defendido públicamente a sus exfuncionarios, afirmando en su mensaje navideño que “no se robaron un peso.

Los juzgan por tramitar proyectos de congresistas que yo frené”.

A pesar de esta defensa, el escándalo ha erosionado la confianza en el Gobierno y se ha convertido en un símbolo de las prácticas corruptas que el petrismo prometió combatir, debilitando su pedestal moral y reconfigurando el poder en el Capitolio.