Durante el año, la Casa de Nariño mostró una “propensión a saltarse al Legislativo”, ya sea mediante presiones, el rompimiento de la disciplina partidista o la satanización del Congreso. La coalición de gobierno se desintegró, y el escándalo de corrupción en la UNGRD, que salpicó a congresistas, debilitó aún más la gobernabilidad. Como resultado, el Congreso hundió por segunda vez la reforma a la salud y no aprobó la reforma tributaria que el Gobierno necesitaba.

Ante este panorama, el Legislativo consolidó un “poder de veto sobre partes medulares del programa de gobierno”, rehusándose incluso a debatir algunos proyectos. En respuesta, el presidente Petro encontró en los “decretazos” una forma de esquivar este bloqueo.

El ejemplo más claro fue el decreto de emergencia económica, que generó un fuerte choque institucional.

A pesar de la ruptura, el Gobierno logró mantener vivas las reformas laboral y pensional, aunque su aprobación final sigue siendo incierta. Esta dinámica de confrontación ha creado un “tóxico equilibrio” entre los poderes, donde la falta de diálogo y consenso se ha convertido en la norma, afectando la capacidad del Estado para tramitar reformas estructurales y responder a los problemas del país.