Esta decisión ha sido calificada por la oposición y analistas como un “zarpazo inconstitucional” y un intento de gobernar por decreto ante la falta de mayorías en el Congreso. Sectores como el Centro Democrático y el precandidato Abelardo de la Espriella han anunciado demandas de inconstitucionalidad, argumentando que la situación fiscal era previsible y no constituye un “hecho sobreviniente” que justifique un estado de excepción. El presidente Petro ha defendido la declaratoria, advirtiendo que si la Corte Constitucional la tumba, el país se enfrentará a una “crisis económica grave” debido a la insostenibilidad de la deuda. La controversia se agudiza por el momento elegido para la expedición del decreto, en plena vacancia judicial, lo que ha llevado a la Corte Constitucional a evaluar la posibilidad de convocar una sala plena extraordinaria para estudiar la medida.