El presidente ha respondido defendiendo vehementemente a sus exfuncionarios, calificando las detenciones como una persecución política y judicial.

Bonilla y Velasco son señalados de participar en un entramado para direccionar contratos y recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a cambio de favores de congresistas para el trámite de las reformas del Gobierno.

Durante una alocución presidencial, el presidente Petro envió un saludo a sus exministros en prisión, afirmando: “sabemos la inmensa arbitrariedad que han cometido con ellos.

Que no se robaron un peso”.

Además, ha expresado particular preocupación por la salud de Bonilla, de 76 años, quien sufrió una descompensación en su lugar de reclusión, llegando a calificar su detención intramural como “un asesinato”.

Estas declaraciones han sido criticadas por presunta interferencia en el poder judicial.

El escándalo, que ya involucra a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, y tiene a otros ex altos funcionarios como Carlos Ramón González prófugos, representa el mayor golpe de corrupción para la administración Petro, afectando directamente su núcleo de poder y su bandera de lucha contra la corrupción.